ALTO Y CLARO. Francisco Vázquez y Vázquez

 Con profunda tristeza no exenta de una creciente indignación, los católicos españoles

contemplamos como día tras días surge una nueva información que asocia a la Iglesia, tanto española

como universal, con actividades delictivas o con conductas moralmente reprobables.

El procedimiento siempre es el mismo. Una noticia difamatoria para la Iglesia se transforma

inmediatamente en una cadena inacabable de titulares, artículos, tribunas de opinión, editoriales y

entrevistas que terminan desembocando en columnas periodísticas autodenominadas de investigación,

convirtiéndose en inapelables tribunales condenatorios.

La siempre machacona, exhaustiva y continuada difusión “urbi et orbi” de estos reportajes se

canaliza a través de los medios de comunicación públicos y de los poderosos grupos mediáticos

privados, todos ellos empeñados y al servicio de una estrategia impulsada por el gobierno actual y los

partidos políticos que lo sostienen, que busca el desprestigio social de la Iglesia Católica, para así

acallar la resistencia y alternativa que la moral cristiana representa para el modelo de vida y sociedad

que pretenden imponer.

Y en este propósito (por cierto, nunca ocultado) no se repara en recurrir a todo tipo de

tergiversaciones, cuando no a la más rotunda de las falsedades, ocultando siempre las muy numerosas

iniciativas de la Iglesia en orden a la transparencia y publicidad de todas sus actividades y no digamos

de las referidas a su labor asistencial, educativa y solidaria, que muchas veces suplen incluso las

carencias y ausencias del Estado en estos campos.

Y así vemos que cuando la Iglesia comunica al Gobierno los errores que su propia investigación

ha detectado en el asunto de las inmatriculaciones registrales de sus propiedades, la noticia falazmente

se transforma en una acusación de apropiación indebida por parte de la Iglesia de propiedades y bienes

que no eran suyos, acusándola de aprovecharse abusivamente de un supuesto trato de favor legislativo

dado por el gobierno derechista de José María Aznar.

E incluso, sin rubor alguno, se ha llegado a afirmar que el propio Secretario de Estado del

Vaticano ha instado a la Iglesia española a que cumpla sus obligaciones fiscales en el pago del I.B.I.

(impuesto sobre bienes inmuebles), dando a entender que goza de una situación de preferencia y

excepcionalidad, discriminatoria con el resto de confesiones religiosas o instituciones sin fines

lucrativos, cuando la realidad es que la Iglesia recibe el mismo tratamiento que todas las entidades

citadas, como en justicia no podía ser de otro modo.

Los ejemplos son interminables, algunos especialmente malintencionados, como perseverar

maliciosamente en llamar Concordato a los Acuerdos con la Santa Sede vigentes, pero el desiderátum

que debería colmar el vaso de la paciencia y acreditada bondad de nuestra silente jerarquía, es la

canallesca pretensión de convertir a la Iglesia en un antro mafioso encubridor de las más sádicas

perversiones sexuales sufridas por niños y menores a manos de sacerdotes y religiosos.

Gran error sería entrar al juego del contubernio político, incluso en sede parlamentaria, cuando la

intención última de esta campaña es tan diáfana como el centrar solo en la Iglesia ese execrable delito,

sometiéndola a un Auto de Fe público, ya previamente condenatorio, y especialmente acusatorio de los

centros escolares religiosos.

Condena firme, asistencia incondicional a las víctimas y colaboración activa con la Justicia,

tomando la iniciativa en la denuncia de los hechos comprobados. Ese es el camino. Y siempre claros y

tajantes.