AL HILO DEL PRESENTE .Francisco Vázquez. Embajador de España

 Hace ya diez años, en mis primeras colaboraciones publicadas en esta columna de “Vida

Nueva”, alertaba de la necesidad de defender la objeción de conciencia, tanto de las personas como de

las instituciones, en cuestiones irrenunciables para los ciudadanos católicos como es el derecho a la

vida desde su concepción hasta su final natural.

La evolución legislativa seguida en España en estos últimos años, tanto en lo que se refiere a las

leyes ya en vigor como en relación a las que se anuncian, ha implicado un nuevo modelo social y de

convivencia contrario a muchos de los principios que conforman el dogma católico, conculcándose

además derechos fundamentales para las personas, reconocidos incluso al margen de su confesión

religiosa, como es el caso del derecho a la objeción de conciencia.

Muchos tenemos la sensación de que en el evidente cambio social que se está imponiendo a la

sociedad española, son los menos los que dictan a los mas las pautas de conducta a las que se deben

ajustar en sus vidas, tanto en el plano personal como en el colectivo, afectando a cuestiones tan

sensibles como la educación, la familia o la vida. Las minorías obligan a la aceptación de sus modelos

ideológicos, incluso estableciendo en las leyes procedimientos sancionadores que excluyen cualquier

tipo de discrepancia y lo que es peor, niegan todos los valores y principios alternativos.

Tomemos como ejemplo las leyes ya aprobadas del aborto y de la eutanasia, así como el

proyecto conocido que modifica la vigente ley de plazos abortiva en el que se pretende establecer un

catálogo de los facultativos contrarios al aborto.

La Ley afecta gravemente a los médicos y al personal sanitario católico, así como a los

hospitales y centros sanitarios católicos, a los unos en su carrera profesional, a los otros en su

estabilidad económica afectada por los conciertos con el Estado y las compañías aseguradoras.

Pero parecemos olvidar que también afecta a los maestros y a los profesores católicos, así como

a los centros concertados de enseñanza católica. La docencia que imparten conforme al ideario católico

de los centros y a la conciencia de los profesores, será incompatible en muchos aspectos con los

programas oficiales educativos, acarreando consecuencias profesionales y económicas similares a las

de los sanitarios.

Sin el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, el paso del tiempo nos llevaría al

absurdo de que ningún católico pudiera ser médico ginecólogo u obstetra, o que ningún católico pudiera

estudiar magisterio, debiendose cerrar los hospitales y colegios católicos por no ajustarse sus

convicciones de conciencia a las leyes vigentes y por no ver reconocido su derecho a la objeción de

conciencia.

Pero además de sanitarios y maestros, hay en esta cada vez más preocupante realidad que

algunos pretenden ignorar, unos terceros personajes, que son precisamente los que aprueban estas

leyes. Me refiero a los políticos, entre los cuales, vistos los resultados tanto por acción como por

omisión, muy pocos deben ser católicos, aunque paradójicamente todos ellos se beneficien del voto de

muchos católicos.

El primer escalón de la objeción de conciencia es el de la política, el de los legisladores. Los

católicos no pueden “ni prestar colaboración, ni siquiera formal, ni votar a favor de leyes que permitan el

aborto o la eutanasia” (Nota doctrinal de la Conferencia Episcopal española).

Están “absolutamente obligados a objetar” y “han de dejar clara su absoluta oposición personal”,

añade la citada nota doctrinal, que con el título de “Para la libertad nos ha liberado Cristo”, han

publicado los Obispos españoles.

Un texto muy oportuno que deja así despejada cual debe ser la actitud de los católicos en

relación con los Partidos Políticos y con los legisladores que implanten leyes contrarias al derecho a la

vida, a la vez que se exige el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, fundamento de

toda sociedad democrática y no totalitaria y sin el cual no existiría el derecho fundamental de la libertad

religiosa.