YUNQUE Y MARTILLO. Francisco Vázquez Vázquez

Don Nicolás Salmerón fue uno de los políticos más importantes del siglo XIX en España.

Vinculado a la Institución Libre de Enseñanza, defendió los ideales republicanos y en 1873

llegó a ser Presidente de la 1a República Española, aunque por muy corto espacio de tiempo,

ya que dimitió de la Jefatura del Estado al negarse a firmar unas penas de muerte, por

considerar que dicha sentencia “era contraria a su conciencia, a sus principios y a los principios

de la democracia” (sic).

Balduino fue Rey de Bélgica desde 1951 hasta 1993, año de su fallecimiento. De

profundas y ejemplares convicciones católicas, en 1990 se negó a firmar la ley del aborto

aprobada por el Parlamento belga, señalando su voluntad de abdicar y marcharse al exilio, ya

que “su conciencia no le permitía firmar la ley de despenalización del aborto”, recordando que

“los niños merecen especial protección y cuidado y ello incluye los derechos del no nacido”

(sic).

La crisis institucional se solventó alegando el Gobierno una incapacidad temporal del

Rey, que abdicó durante 36 horas, tiempo en el que se aprobó la ley, respetándose así la

objeción de conciencia del rey Balduino.

Tabaré Vázquez, eminente médico y de convicciones agnósticas, fue un destacado

político uruguayo de militancia socialista. Por dos veces en el presente siglo fue elegido

Presidente de la República de Uruguay. En 2008, ejerciendo sus competencias presidenciales,

vetó la entrada en vigor de la ley del aborto aprobada por el Parlamento uruguayo. En su

escrito de veto, adujo que “la ciencia ha demostrado claramente que la vida empieza desde la

concepción”, añadiendo como ejemplo que “el ADN es hoy la prueba reina que determina la

identidad de las personas” (sic).

Son tres jefes de Estado de distintas épocas, de diferentes naciones y de diversas

convicciones religiosas y políticas, pero que comparten un mismo respeto a la defensa de la

vida y a los principios y los valores que conforman su conciencia. Constituyen un paradigma de

integridad moral, al anteponer su libertad y su dignidad personal a las servidumbres que

acarrean el ejercicio del poder político.

Un modelo y un ejemplo dignos de rescatar en los días que el gobierno de España

aprueba una nueva ley del aborto, que en fechas próximas deberá ser refrendada por las

Cortes Generales.

Resulta aberrante que un gobierno que se autodefine de izquierdas proclame como un

derecho, el asesinato de un ser vivo, individualizado y singular desde el mismo momento de su

concepción.

Como escribió el intelectual español Miguel Delibes, la izquierda, que siempre

históricamente ha condenado la violencia y ha defendido la causa de los débiles, oponiéndose

a la pena de muerte, a la esclavitud o defendiendo la igualdad de derechos de la mujer, en la

actualidad defiende el aborto, que lisa y llanamente es el ejercicio criminal de la violencia sobre

un ser humano totalmente indefenso.

Y resulta más que aberrante, que esta práctica malévola sea aprobada por ministros y

ministras que se declaran católicos y que como tales son reconocidos por sectores

eclesiásticos.

En junio de 2004, en una Carta de la “Congregación para la doctrina de la Fe” titulada

“Dignidad para recibir la Sagrada Comunión”, el entonces Prefecto, el Cardenal Joseph

Ratzinger, estableció que “se negará la comunión eucarística a los políticos que autoricen o

promuevan leyes de aborto o eutanasia” (sic).

No caben en esta cuestión ni silencios ni paños calientes, cuando es tan reciente la toma

de posición de la Conferencia Episcopal Española, que en marzo de 2022 proclamó que: “Los

políticos católicos no pueden promover positivamente leyes que cuestionen el valor de la vida

humana, ni con su voto apoyar propuestas que hayan sido presentadas por otros” (último sic).

Quedamos en espera.